Artículo 226

¿Qué dice este artículo en palabras simples?

Este artículo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece una regla clara: quien pide al juez que realice una diligencia en otro lugar (un exhorto), debe pagar todos los gastos que esa gestión genere. Es como cuando pides un servicio especial; tú asumes su costo. El artículo 226 deja claro que la carga económica no recae en el tribunal ni en la otra parte, sino en quien solicitó el trámite.

¿En qué situación de la vida real me aplica?

• Ejemplo 1: En un juicio de divorcio en Guadalajara, necesitas que un testigo clave que vive en Monterrey declare. Si pides al juez que envíe un exhorto para tomar su declaración allá, tú pagarás los gastos de ese proceso remoto.
• Ejemplo 2: Tienes un pleito por una herencia en Puebla y requieres que un banco en Ciudad de México entregue documentos. Al solicitar el exhorto para que un juez de la capital ordene la entrega, los costos de esa diligencia son tu responsabilidad.
• Ejemplo 3: En una demanda por incumplimiento de contrato en Mérida, necesitas que se notifique a la contraparte que reside en Tijuana. Si instas al exhorto para esa notificación a distancia, los gastos de traslado y gestión corren por tu cuenta.

Análisis jurídico

El artículo 226 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares configura una obligación de carácter procesal y pecuniario. El supuesto de hecho es la solicitud y libramiento de un exhorto. La consecuencia jurídica inmediata es la obligación de la parte instante de solventar los gastos de su diligenciación, como traslados, honorarios de auxiliares o costos de notificación. Esta norma opera como un principio de previsión económica, evitando que el erario o la contraparte sufraguen actos provocados por la iniciativa de una parte. Su interpretación debe ser sistemática con las reglas sobre depósitos previos y tasación de costas.

Artículos relacionados

Este artículo 226 se vincula directamente con las disposiciones del mismo código que regulan los exhortos (Capítulo VIII), definiendo su procedencia. También se relaciona con normas sobre costas y gastos judiciales, ya que estos desembolsos pueden eventualmente ser repartidos al final del juicio si se es vencedor. Además, conecta con principios generales del derecho procesal, como el de prevención, que señala que quien origina un gasto debe asumirlo inicialmente.