Artículo 36

¿Qué dice este artículo en palabras simples?

Este artículo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece dos reglas. Primero, que cuando un juez llama a una tercera persona a un juicio, debe hacerlo con la misma formalidad que cuando citó al demandado. Segundo, si el demandado quiere que se llame a un tercero, él debe dar su dirección; si no la da, el juez no hará la llamada. Si dice que no la conoce, tendrá que pagar el costo de publicar un anuncio para buscarla.

¿En qué situación de la vida real me aplica?

• Ejemplo 1: En un juicio por una deuda, el demandado alega que el dinero en realidad se lo dio a un familiar para que lo administrara. Para que ese familiar declare, el demandado debe proporcionar su domicilio al juzgado, de lo contrario no será llamado.
• Ejemplo 2: En un pleito por la propiedad de un terreno, una parte afirma que quien realmente tiene los documentos es un antiguo socio. Para que el juez incorpore a ese socio al juicio, la parte debe dar su dirección exacta.
• Ejemplo 3: Si en un divorcio con bienes, el cónyuge demandado dice que un amigo es testigo clave de un acuerdo previo, deberá dar los datos de ese amigo. Si no los da o dice no saber dónde vive, deberá pagar por los anuncios para localizarlo.

Análisis jurídico

El artículo 36 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares regula el llamamiento a juicio de terceros. Su supuesto de hecho es la petición de la parte demandada para integrar a un tercero al proceso. La consecuencia jurídica principal es la obligación de dicha parte de proporcionar el domicilio del tercero, bajo la sanción de no dar curso a la petición. Si alega desconocimiento, se activa el procedimiento supletorio del artículo 209 fracción II (emplazamiento por edictos), imponiéndole la carga procesal de costear la publicación. Norma la carga de la prueba y el impulso procesal sobre quien solicita la integración.

Artículos relacionados

Este artículo 36 se vincula directamente con el artículo 209, fracción II del mismo Código, que establece el procedimiento para emplazar a una persona cuando se desconoce su domicilio, mediante la publicación de edictos. También se relaciona con las normas sobre emplazamiento (como el artículo 35), ya que exige que el llamamiento al tercero cumpla con las mismas formalidades. Otro artículo conexo es el que regula las costas procesales, pues impone el costo de los edictos a la parte que solicita el llamamiento.