Artículo 7

¿Qué dice este artículo en palabras simples?

Este artículo 7 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social es una condición para que una autoridad apruebe la creación de una de estas sociedades. Básicamente, la autorización para que la sociedad funcione legalmente sólo se dará si sus estatutos o acta constitutiva cumplen con todo lo que marca esta ley. Es un filtro de legalidad: si los papeles de fundación violan alguna regla de la ley, no obtendrán el permiso.

¿En qué situación de la vida real me aplica?

• Ejemplo 1: Un grupo de artesanas quiere formar una sociedad para vender sus productos. Al redactar su acta constitutiva, establecen que los beneficios solo se repartirán entre las fundadoras, violando el principio de solidaridad. Por el artículo 7, la Secretaría de Economía negará la autorización.
• Ejemplo 2: Una comunidad rural constituye una sociedad para administrar un bosque. En sus bases, incluyen una cláusula que permite vender el terreno a un privado, lo que la ley prohíbe. La autorización no procederá gracias a este artículo, protegiendo el patrimonio común.
• Ejemplo 3: Al crear una sociedad de solidaridad para un taller mecánico, los socios limitan la admisión de nuevos miembros por su origen familiar. Esto contraviene los fines de inclusión social de la ley, por lo que, aplicando el artículo 7, no recibirán el registro oficial.

Análisis jurídico

El artículo 7 establece un requisito negativo y una consecuencia jurídica precisa para la autorización de una Sociedad de Solidaridad Social. El supuesto de hecho es la solicitud de autorización. La consecuencia jurídica (la autorización) sólo se producirá si se cumple la condición de que las bases constitutivas no contravengan la ley. Es una norma de control previo que opera como un filtro de legalidad sustantiva. La autoridad administrativa debe realizar un examen de congruencia entre el contenido de las bases y todo el ordenamiento establecido en la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, no solo con este artículo. Su incumplimiento genera la denegación del acto administrativo de autorización.

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Este artículo 7 se vincula directamente con el artículo 6 de la misma ley, que señala quién es la autoridad competente para otorgar la autorización, completando así el procedimiento. También se relaciona con el artículo 10, que lista los requisitos que deben contener las bases constitutivas; el artículo 7 exige que esos requisitos se ajusten a la ley. Fuera de esta ley, el principio de legalidad administrativa de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fundamenta la obligación de la autoridad de verificar el cumplimiento normativo.