Artículo 1060

¿Qué dice este artículo en palabras simples?

Este artículo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que, en los juicios familiares, el juez debe buscar siempre que las partes lleguen a un acuerdo antes de dictar una sentencia. Si logran conciliar, ese acuerdo tiene el mismo valor que una sentencia definitiva y se termina el juicio. Es una invitación obligatoria del juez a solucionar los conflictos de manera pacífica.

¿En qué situación de la vida real me aplica?

• Ejemplo 1: En un divorcio contencioso, durante una audiencia, el juez puede instar a la pareja a conciliar sobre la pensión alimenticia o la custodia de los hijos, evitando un proceso más largo y desgastante para todos.
• Ejemplo 2: En una disputa por la guarda y custodia de un menor, el juez promoverá que los padres lleguen a un acuerdo sobre los periodos de convivencia, priorizando el bienestar del niño sobre el conflicto entre adultos.
• Ejemplo 3: Si hay un conflicto por la división de bienes en una sociedad conyugal, el juez debe intentar que los cónyuges concilien, pudiendo así decidir de mutuo acuerdo quién se queda con qué y cerrar el caso.

Análisis jurídico

El artículo 1060 establece el principio de impulso procesal oficioso hacia la conciliación en materia familiar. Su supuesto de hecho es la existencia de un juicio familiar en curso. La consecuencia jurídica es la obligación del órgano jurisdiccional de promover la conciliación en cualquier estado del procedimiento, y el efecto de lograr un acuerdo es la terminación del proceso con fuerza de cosa juzgada. Se interpreta sistemáticamente con los principios de interés superior de la niñez y de buscar soluciones pacíficas, siendo un mecanismo de justicia restaurativa que prevalece sobre la mera imposición de una resolución.

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El artículo 1060 se vincula directamente con el artículo 1059 del mismo Código, que establece los principios rectores del procedimiento familiar, como la búsqueda de soluciones pacíficas. También se relaciona con el artículo 1061, que regula los requisitos formales que debe contener el convenio de conciliación para que sea homologado por el juez y produzca efectos de sentencia ejecutoriada.