Artículo 315

¿Qué dice este artículo en palabras simples?

Si en un juicio civil o familiar las dos partes presentan traducciones diferentes de un documento en otro idioma y esa diferencia afecta el caso, el juez ordenará que se haga una traducción oficial. Esta traducción la hará un traductor certificado o una escuela, y las partes deben pagarla. Si una de las partes no dice nada o está de acuerdo con la traducción de la otra, el juez la aceptará como válida.

¿En qué situación de la vida real me aplica?

• Ejemplo 1: En un divorcio con bienes en el extranjero, el cónyuge A presenta un contrato de compra en inglés traducido de una forma, y el cónyuge B presenta su propia versión con diferencias en el valor. El juez, aplicando el artículo 315, ordena una traducción oficial para decidir.
• Ejemplo 2: En una demanda por herencia, un testamento está en francés. Los herederos en disputa presentan traducciones con significados opuestos sobre quién recibe qué. Al ser relevante, el juez manda a traducir por un perito oficial.
• Ejemplo 3: En un contrato de compraventa internacional impugnado, una cláusula técnica en alemán es traducida de manera distinta por cada parte. Como la interpretación cambia las obligaciones, la autoridad jurisdiccional solicita una traducción definitiva a una institución educativa especializada.

Análisis jurídico

El artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares regula un incidente de traducción. Su supuesto de hecho se configura cuando: 1) existen traducciones presentadas por ambas partes, 2) estas son distintas, y 3) las diferencias son relevantes para la solución del conflicto. La consecuencia jurídica es que la autoridad jurisdiccional, a costa de las partes, debe ordenar una traducción oficial a través de un perito traductor o institución educativa, garantizando así un texto fehaciente. La segunda parte establece una presunción de conformidad: el silencio o la falta de oposición del contrincante hace que se tenga por consentida la traducción presentada, evitando dilaciones.

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El artículo 315 se vincula con el artículo 314 del mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que establece la obligación de presentar documentos en idioma nacional o acompañados de su traducción. También se relaciona con las reglas sobre peritajes en el mismo código, ya que equipara la traducción oficial a una prueba pericial. Además, remite a la Ley de Traducción Oficial de cada estado para definir quiénes son peritos traductores oficiales.