Artículo 398

¿Qué dice este artículo en palabras simples?

El artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que, en los juicios familiares, el juez debe escuchar la opinión de los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esto se hace de manera que ellos se sientan cómodos y seguros, respetando su edad y madurez. Su punto de vista es tomado en cuenta por el juez para tomar decisiones que los afecten, como con quién vivirán o cómo se organizarán las visitas.

¿En qué situación de la vida real me aplica?

• Ejemplo 1: En un proceso de divorcio con hijos, el juez debe preguntar a los niños, en un ambiente adecuado, sobre sus preferencias respecto a con cuál de sus padres desean vivir o cómo les gustaría organizar las convivencias.
• Ejemplo 2: Si se discute en un juicio quién tendrá la custodia de un menor porque sus padres fallecieron, el juez está obligado a escuchar al niño o adolescente para conocer su opinión sobre vivir con sus abuelos, tíos u otros familiares.
• Ejemplo 3: Cuando se modifica un convenio de pensión alimenticia o de visitas, y el hijo ya es un adolescente, el juez debe considerar su opinión sobre los nuevos arreglos, asegurándose de que sea escuchado sin presiones.

Análisis jurídico

El artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares concreta el principio del interés superior de la niñez y el derecho a ser escuchado, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales. El supuesto de hecho es la existencia de un procedimiento familiar donde estén involucrados menores de edad. La consecuencia jurídica es la obligación procesal del juzgador de oír su opinión, aplicando mecanismos idóneos que consideren su edad, madurez y circunstancias. La interpretación sistemática lo vincula con el derecho a participar en los asuntos que les afectan, donde su opinión es un elemento de valoración, no decisivo único, para la resolución judicial.

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Este artículo se relaciona directamente con el artículo 100 de la misma ley, que establece los principios rectores del procedimiento familiar, entre ellos el interés superior de la niñez. También está vinculado con lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, particularmente su artículo 77, que desarrolla el derecho a la participación y a ser escuchado. Ambos marcos normativos obligan a los jueces a garantizar este derecho en la práctica.