Artículo 631

¿Qué dice este artículo en palabras simples?

Este artículo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece quiénes tienen el derecho de ser escuchados en un juicio cuando se trata de decisiones sobre menores de edad. Primero la madre, luego el padre y después quien tenga la custodia del niño, niña o adolescente. Sin embargo, este derecho se pierde si el padre o la madre tienen una condena por delitos graves como violencia sexual contra menores o feminicidio.

¿En qué situación de la vida real me aplica?

• Ejemplo 1: En un juicio de divorcio donde se decide la custodia de los hijos, el juez debe escuchar la opinión de ambos padres, empezando por la madre, para tomar la mejor decisión para los menores.
• Ejemplo 2: Si una abuela tiene la custodia legal de su nieto porque sus padres emigraron, y hay un proceso sobre la escuela del niño, la autoridad judicial debe escuchar a la abuela como responsable.
• Ejemplo 3: Cuando un padre busca modificar los días de convivencia con su hijo, el juez está obligado a escucharlo a él y a la madre, a menos que el padre tenga una condena por violencia sexual, caso en el cual no se le dará voz.

Análisis jurídico

El artículo 631 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares regula la legitimación procesal activa para ser oído en procedimientos que afecten a menores. Establece un orden de prelación: primero la madre, luego el padre y, subsidiariamente, la persona o institución que tenga la custodia. El supuesto de hecho es la existencia de un procedimiento judicial donde estén en juego derechos de niñas, niños o adolescentes. La consecuencia jurídica es la obligación del juzgador de escuchar a estos sujetos. La excepción constituye una causa de exclusión basada en interés superior del menor, al negar el derecho de audiencia a progenitores condenados por delitos sexuales contra menores o feminicidio.

Artículos relacionados

Este artículo 631 se vincula directamente con el artículo 100 de la misma ley, que desarrolla el principio del interés superior de la niñez como rector de todo procedimiento. También se relaciona con las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sobre su derecho a ser escuchados. La excepción por condena encuentra sustento en el artículo 20 constitucional, que reconoce los derechos de las víctimas, incluyendo a los menores.