Artículo 216

¿Qué dice este artículo en palabras simples?

Este artículo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establece que, si un militar o su familiar no presentan un documento o prueba a tiempo, el trámite de su pensión o beneficio no se detiene. El Instituto puede seguir adelante y tomar una decisión con la información que ya tenga, a menos que el beneficio dependa totalmente del resultado de un juicio penal en su contra. Es una regla para evitar que los trámites se paralicen por falta de una sola prueba.

¿En qué situación de la vida real me aplica?

• Ejemplo 1: Un soldado solicita una pensión por invalidez, pero el hospital tarda en enviar un estudio médico. Según el artículo 216, el ISS FAM puede seguir el trámite y dictar su resolución con los demás documentos, sin esperar indefinidamente.
• Ejemplo 2: La viuda de un militar fallecido pide la pensión correspondiente. No logra conseguir un acta de defunción antigua. El Instituto, aplicando este artículo, puede proceder a evaluar el caso con otros comprobantes que sí se presentaron.
• Ejemplo 3: Un beneficiario es acusado de un delite y hay un proceso penal abierto. Si la pensión depende de que se demuestre su inocencia o culpabilidad, entonces el Instituto sí debe esperar la sentencia final antes de resolver, tal como lo aclara la última parte del artículo.

Análisis jurídico

El artículo 216 de la Ley del ISS FAM regula un principio de procedimiento administrativo: la prosecución de oficio. El supuesto de hecho es la falta de aportación de pruebas por parte del interesado. La consecuencia jurídica es que el Instituto no está obligado a suspender el trámite y puede dictar resolución con los elementos que obren en el expediente. La excepción es el caso de prejudicialidad penal, donde el sentido de la sentencia penal es un presupuesto necesario para la resolución administrativa. Esto evita la paralización procesal y otorga eficacia a la función administrativa, sin perjuicio del derecho de defensa.

Artículos relacionados

Este artículo se vincula con las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos dentro de la misma ley. También se relaciona con el artículo 14 constitucional, que garantiza el derecho a una audiencia y a ofrecer pruebas, ya que este artículo 216 establece un límite a ese derecho para evitar la dilación. Además, conecta con las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales cuando existe un proceso penal que debe resolverse primero.