Artículo 364

¿Qué dice este artículo en palabras simples?

El artículo 364 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que, en los juicios familiares, el juez debe escuchar siempre la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Su voz es obligatoria para tomar decisiones que les afecten, como con quién vivirán o cómo se regularán las visitas. El juez debe crear un ambiente de confianza para que se expresen libremente, considerando su edad y madurez.

¿En qué situación de la vida real me aplica?

• Ejemplo 1: En un divorcio contencioso donde los padres no se ponen de acuerdo sobre la custodia de sus hijos de 10 y 8 años. El juez, antes de decidir, debe citar a los menores a una audiencia especial para escuchar sus deseos y sentir respecto a con quién prefieren vivir.
• Ejemplo 2: Cuando una abuela solicita la guarda y custodia de su nieto porque los padres están incapacitados. Aunque la petición parezca justa, el juez está obligado a escuchar al niño para conocer su opinión sobre este cambio radical en su vida familiar.
• Ejemplo 3: Si un padre solicita modificar el régimen de convivencias (visitas) porque su hijo adolescente tiene nuevas actividades escolares. El juez no puede cambiar los días y horarios sin antes escuchar directamente al adolescente sobre su rutina y sus propuestas.

Análisis jurídico

El artículo 364 consagra el derecho fundamental de audiencia del niño, niña y adolescente (NNA) en procesos familiares, dando efecto directo al principio del interés superior de la niñez y a su derecho a ser escuchado (Art. 4º Constitucional y 12 de la CDN). El supuesto de hecho es cualquier procedimiento familiar donde se discutan aspectos que afecten su vida o desarrollo. La consecuencia jurídica es la obligación procesal imperativa para el juzgador de oírlos, garantizando un entorno idóneo. Su interpretación es sistemática con los artículos 100 y 101 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículos relacionados

Este artículo 364 se vincula directamente con el artículo 100 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que desarrolla el derecho a la participación y a ser escuchado. También con el artículo 4º constitucional, que establece el principio del interés superior de la niñez. Dentro del mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el artículo 363 es antecedente lógico, al señalar que las medidas provisionales deben atender precisamente a este interés superior.