Artículo 884

¿Qué dice este artículo en palabras simples?

El artículo 884 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que, en los juicios familiares, el juez debe escuchar la opinión de los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esta opinión se tomará en cuenta para decidir, siempre y cuando el menor tenga la madurez suficiente para formarse un juicio propio. Es una forma de respetar su derecho a ser escuchados en asuntos que les afectan directamente.

¿En qué situación de la vida real me aplica?

• Ejemplo 1: En un juicio de divorcio donde los padres disputan la custodia de sus hijos de 10 y 12 años. El juez, antes de resolver, platicará con cada niño en privado para conocer sus sentimientos y con quién prefieren vivir, considerando su opinión.
• Ejemplo 2: Cuando una abuela solicita la guarda y custodia de su nieto porque los padres están incapacitados. El juez debe escuchar al adolescente para entender su relación con la abuela y su perspectiva sobre el cambio de hogar.
• Ejemplo 3: En un proceso para modificar las convivencias (visitas) de un padre con su hija de 14 años. La joven puede expresar al juez sus preferencias sobre los horarios y días de visita, lo que será un elemento clave para la decisión final.

Análisis jurídico

El artículo 884 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares concreta el principio del interés superior de la niñez y el derecho a la participación reconocido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El supuesto de hecho es la existencia de un procedimiento familiar que afecte a un menor. La consecuencia jurídica es la obligación del órgano jurisdiccional de oír su opinión, valorando su grado de madurez. No es un derecho absoluto a decidir, sino un derecho a ser escuchado, cuya ponderación final corresponde al juzgador en el contexto integral del caso.

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El artículo 100 de la misma ley detalla los principios que rigen los procedimientos familiares, como el interés superior de la niñez, que es la base del artículo 884. También se relaciona con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional que obliga a los Estados a garantizar el derecho del niño a expresar su opinión en todo procedimiento que le afecte, principio que este artículo nacional implementa.